VIVIR PARA VER

Hace unas semanas se hizo público en Madrid un estudio sobre la salud de sus ciudadanos que arrojaba algunos datos especialmente sorprendentes. Uno de ellos debería haber provocado una crisis municipal, seguida de una crisis autonómica y de una crisis gubernamental. Pero como suele pasar en nuestra sociedad, la clase política dejó pasar de largo el dato, como si fuera algo inevitable e insignificante.

El informe determinaba la esperanza de vida de los habitantes de la ciudad de Madrid. Y entre diferentes distritos había serias diferencias. Por poner un ejemplo; en el barrio de Vallecas, que es un barrio tradicionalmente obrero y socialmente humilde la esperanza de vida era siete años menor que en le barrio de Salamanca, uno de los distritos más adinerados de la ciudad.

La noticia apareció en algún pequeño titular, pero poco más. Lo que debería haber sido causa de un debate político profundo acerca de cómo estamos organizando nuestra sociedad, se diluyó entre la marabunta informativa sin dejar ninguna huella ni consecuencia política.

Ante el dato de que un niño nacido en una zona de la ciudad y otro nacido a ocho kilómetros vivirá siete años menos, deberían acosarnos numerosas preguntas. Y esa reflexión debería ir acompañada de alguna medida política que equilibrara tan tremenda injusticia, que tiene que ver con los recursos que tiene una familia y los que tiene otra.

Aunque la Constitución de 1978 no diga nada acerca de que los ciudadanos somos iguales ante la vida, y ante la muerte, las administraciones deberían garantizar que una persona tenga el mismo tiempo, dentro de lo posible, para desarrollar su proyecto de vida. Ahora llegan las elecciones y un tema como ese, que debería ser determinante porque afecta a la esperanza de vida de miles de personas, no formará parte del debate político, ni de los programas de los partidos.

Los políticos hablan en las campañas de las cosas que les interesan a ellos, para conseguir representar un mayor número de votos. Pero a menudo sus necesidades no coinciden con las cosas que son más necesarias para quienes les pagan el sueldo.

En ese sentido la sociedad debería tener el deber de sacarles los colores y espabilarlos. La sociedad civil tiene que ejercer la responsabilidad de no dejar en manos de los políticos todas las decisiones políticas. Es necesario que de vez en cuando se enfaden públicamente para marcarles a los gestores de nuestras instituciones los límites de los que no deberían pasar. Pero eso ocurre bastante poco porque no tenemos mucha educación para la ciudadanía.

A eso hay que añadirle que a menudo es difícil distinguir cuando las ideas que defienden los políticos son medios o son fines. Con eso quiero decir que cuando un líder defiende públicamente una idea es difícil discernir si lo hace porque cree en ella o porque le sirve para contentar a cierto sector del electorado sensible, que a la hora de llegar frente a la urna convierta la simpatía en un voto.

Si yo fuera de un barrio en el que mi hijo tuviera un esperanza de vida siete años menor lucharía para corregir esa vergonzosa injusticia. Pero no estaría mal que algún político tratara de corregirla, que para eso cobra un sueldo de todos.

Publicado el 16 de enero de 2008