MALA PRAXIS POLÍTICA

Hace tres años que llegó a un juzgado de Madrid una denuncia anónima. En ella se acusaba a algunos profesionales del Hospital Severo Ochoa de haber utilizado las sedaciones de enfermos terminales para aplicar una eutanasia activa oculta y que eso había casado la muerte anticipada a cuatrocientas personas.

Pese a que el denunciante sin nombre no aportaba pruebas determinantes, los responsables de la Comunidad de Madrid decidieron creerle. Y el entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, comenzó en el hospital una caza de brujas, apartando de sus funciones a varios responsables y acrecentando un escándalo que dañaba considerablemente a la salud pública, la misma que el consejero estaba obligado a defender a partir de la toma de posesión de su cargo.

Tres años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha sentenciado que la actuación de los profesionales cuestionados por la comunidad fue la correcta. Añade la sentencia que no existió mala práctica médica por parte de los profesionales enjuiciados y les exime de cualquier responsabilidad con respecto a las 400 muertes.

La reacción de Esperanza Aguirre ha sido de una hipocresía sin límites. Después de asegurar que no hubo persecución a los profesionales apartados de sus puestos, se ha negado a disculparse ante ellos. También ante los pacientes que vivieron con tremenda angustia añadida al hecho de tener que padecer o ser familia de quien padece una enfermedad terminal. Como los políticos no dan puntada sin hilo hay que pensar que los populares madrileños tenían intereses y objetivos para los que el escándalo era útil.

Por un lado hay una beneficiaria directa, la sanidad privada. ¿Cuántos usuarios de la sanidad pública habrán huido de ella despavoridos ante la imagen de unos servicios convertidos en una “máquina de matar”? Muchos de ellos habrán contratado un seguro privado para escapar de los “sedadores asesinos”.

Otro beneficiado ha sido la aceptación social de la gestión privada de la sanidad pública. Ese tipo de escándalos sirven entre otras cosas para crear una imagen tenebrosa de lo público y salvadora de lo privado. Y ese es uno de los ejes de la política sanitaria de la Comunidad de Madrid, que lentamente ha privatizado numerosos servicios.

La privatización no se hace con el objetivo de mejorar los resultados de nuestra salud pública. Su objetivo es mejorar la cuenta de resultados de empresas privadas para las que la gestión sanitaria no es mucho más que otra línea de negocio.

Esperanza Aguirre ha representado a sectores conservadores del catolicismo que defienden la obligatoriedad de llegar o permanecer en el mundo terrenal, por oposición al aborto y a la eutanasia. Otra forma de imposición de un modelo de vida y de la aplicación de una persecución inquisitorial para quienes no lo comparten.

Además de la dimisión de los responsables de la sanidad madrileña, espero que el escándalo sanitario no haya provocado que otros profesionales encargados de sedaciones hayan limitado su uso. Hay gente que puede pensar que el dolor acerca a las personas a Dios. Pero el dolor sólo es útil si sirve para mejorarnos la vida.

Publicado el 30 de enero de 2008