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OTRA MIRADA

¡MENUDOS DELITOS!

El ‘lehendakari’ vasco, Juan José Ibarretxe, ha solicitado que en el juicio al que le ha sometido el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), por sus reuniones con la ilegalizada Batasuna, acudan como testigos numerosos políticos. Si el juez acepta la propuesta, que han llevado a cabo los abogados de Ibarretxe, la sala del juicio será visitada por José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Jaime Mayor Oreja o Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros.
El juicio al actual ‘lehendakari’ se convertiría así en algo demasiado parecido a una comisión de investigación parlamentaria, acerca de las últimas negociaciones con la banda terrorista ETA. Y eso estaría bien por varias razones, además de una que tiene que ver directamente con la transparencia y la salud democrática. La primera de ellas, porque los que aún no lo sepan averiguarán que todos los gobiernos españoles, sin excepción, han tratado de negociar con ETA en diferentes momentos de nuestra historia reciente. La segunda, porque obtendríamos mejor conocimiento acerca de las negociaciones y entenderíamos por qué los políticos han decidido llevarlas a cabo.
Lo que me resulta totalmente incomprensible es la existencia de ese juicio. Por un lado, si Batasuna no existe porque está ilegalizada, ¿cómo es posible acusar a alguien de reunirse con ella? Aunque existiera como tal, cuesta entender que puedan considerar  delictivo reunirse con una persona, salvo que lo que se haga con ella sea perpetrar un delito. Y esa reunión para dialogar es la razón por la que el TSJPV podría condenar ‘lehendakari’.
A veces los órganos judiciales se comportan de manera un tanto incomprensible. Imaginemos un paralelismo. En la actualidad Arnaldo Otegi se encuentra en la cárcel. En algún momento desde que ingresó en prisión es posible que algún responsable de la misma le haya llamado a su despacho para explicarle algunas cosas. Imaginemos que el funcionario de prisiones acude luego a un programa de televisión en el que le entrevistan. Y cuenta que un día antes tuvo una reunión en su despacho con el líder de Batasuna para explicarle las condiciones de su encarcelamiento. Entonces, un fiscal que está en su casa viendo el programa piensa que esa reunión es delictiva y encausa al funcionario por haber cometido un delito al reunirse con una persona “ilegalizada”.
Algo así es lo que ha ocurrido con Ibarretxe. Sentarse en una mesa, una silla o en un banco del parque a charlar con alguien no puede ser un delito. Hablar, discutir, conversar, dialogar o negociar, aunque sea con alguien considerado un delincuente, no puede llevar a nadie al banquillo de los acusados. Y menos debería serlo en un país que durante muchos años se vio privado de una libertad pública básica, como es el derecho de reunión.
Existe la posibilidad de que el diálogo con ETA por parte del actual Gobierno siga vivo, aunque con una fuerte sedación que lo aletargue hasta después de las próximas elecciones. Mientras tanto y por siempre no debería considerarse delito el uso de palabras para la solución de conflictos.
Publicado el 21 de noviembre de 2007
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