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OTRA MIRADA

¿QUÉ TENDRÁ MARBELLA?

Me comentaba un amigo si fue o no casual el hecho de que la redada del Ayuntamiento de Marbella se hubiera producido la noche antes de la aprobación del Estatut en el Congreso de los Diputados. Añadía su incredulidad ante tal coincidencia y explicaba los efectos que ha producido la convivencia de ambas noticias en los medios de comunicación. Decía que seguramente las detenciones se podían haber llevado a cabo una semana antes o una después y se preguntaba hasta qué punto la orden de iniciar las detenciones podía considerarse una decisión política. Entre otras cosas porque frenaría el desgaste electoral que el Estatut le ha causado al Gobierno.

Sea o no casual, lo ocurrido en el Ayuntamiento de Marbella es tan excesivo como los culebrones que han vivido sus alcaldes desde que Jesús Gil se hiciera con el bastón de mando. Según la policía los delincuentes municipales se han apropiado de 400.000 millones de pesetas. Es difícil pensar que alguien pueda ser capaz de robar tal cantidad de dinero. Muchas horas extras han tenido que hacer para amasar esa ilícita fortuna.

Marbella tiene 117.000 habitantes. Todo ese dinero apropiado, que en buena parte procede del sector inmobiliario, lo están pagando miles de habitantes de Marbella y veraneantes que han financiado indirectamente a los corruptos a través de sus hipotecas. No estaría mal que cuando se recupere toda esa pasta, se repartiera entre los habitantes de la ciudad. Si así se hiciera, cada uno de ellos recibiría la cantidad de 20.400 euros.

Una de las cosas más sorprendentes del caso es que la actividad ilícita de los detenidos era en cierto modo de dominio público. Es triste pensar que la pasividad de personas e instituciones pudiera estar dejando que los delincuentes municipales hubieran convertido la alcaldía en la cueva de Alí Babá.

Los poderes públicos implicados tienen la obligación de actuar de forma ejemplar, entre otras cosas para que los ciudadanos puedan recuperar su confianza en las instituciones municipales. En ese sentido, hay que esperar que las consecuencias de un delito de esas dimensiones no sean las de pasar tres o cuatro años en la cárcel y salir luego a disfrutar del dinero bien escondido que no ha podido ser incautado por la policía.

Otra de las cosas que pone en evidencia el escándalo marbellí es la posibilidad de llevar a cabo otras políticas con respecto a la vivienda. Si esos miles de millones han salido del mercado con rumbo a bolsillos ajenos, eso quiere decir que el precio de la vivienda podría se menor y más asequible para las personas que la necesitan.

El susto ha debido calar en otros ayuntamientos. Si invirtiera en bolsa metería mis ahorros en trituradoras de documentos. Sus cadenas de producción no deben dar abasto. Ironías aparte, ya es hora de que los políticos abandonen la seducción de ladrillo y no intervengan en un mercado para añadir al coste de la compra de una vivienda la comisión del político de turno. A ver si con el crédito que voy a estar pagando treinta años hay un concejal que se está comprando un tigre, dos helicópteros, treinta carruajes, 133 caballos pura sangre, 100 toros de lidia o decenas de fincas; tal y como ha hecho José Antonio Roca, el encarcelado Asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí.

Publicado el 5 de abril de 2006
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